Un artículo recientemente publicado, y que inspira mi reflexión sobre lo que pasa en Argentina al respecto, presenta a Vlkolínec, un pequeño pueblo de montaña de Eslovaquia inscripto como Patrimonio Mundial UNESCO en 1993 por su arquitectura rural tradicional —45 edificaciones, casas de madera y trazas campesinas notablemente conservadas—, muestra una paradoja crítica: el reconocimiento de su autenticidad y vida rural lo volvió objeto de contemplación turística, mientras sus residentes sienten que su cotidianeidad quedó restringida, observada y regulada como una vitrina. Por eso, según reportes de 2026, pidieron a UNESCO retirar el sitio de la lista, alegando que la distinción atrajo visitantes y normas de preservación que afectan su privacidad y forma de vida.
Este eslovaco plantea una pregunta clave para la política turística y patrimonial: ¿qué pasa cuando un reconocimiento pensado para proteger una forma de vida empieza a volverla invivible? El problema no es el patrimonio ni el turismo, sino la fama sin gobernanza: cuando la visibilidad llega antes que las reglas, la comunidad puede quedar reducida a decorado y el territorio expuesto a presión inmobiliaria, pérdida de vivienda, saturación, deterioro ambiental, cambios de uso del suelo y beneficios privados con costos públicos. En ese punto, el reconocimiento deja de ser oportunidad y se convierte en carga.
Ogimachi, en Shirakawa-go, Japón, sitio UNESCO desde 1995, muestra la misma tensión: su valor patrimonial está en las viviendas gassho-zukuri, la adaptación al clima de montaña y la organización comunitaria que conservó el paisaje, pero la gestión local advierte que “no somos un parque temático ni una recreación” y recuerda que unos 500 residentes viven allí. El estudio de Takamitsu Jimura documenta que la inscripción fortaleció orgullo e identidad, pero también generó tensiones sobre privacidad, usos del espacio y relación entre residentes y visitantes.
La enseñanza japonesa no es “cerrar” el destino, sino aceptar que un pueblo vivo necesita reglas distintas a las de un museo. Cuando el atractivo turístico coincide con el lugar donde la gente duerme, cocina, trabaja, cría hijos, envejece y sostiene vínculos comunitarios, el derecho a visitar no puede estar por encima del derecho a habitar. El patrimonio vivo exige límites, horarios, circulación regulada, control de vehículos, comunicación responsable, reinversión local y acuerdos comunitarios claros. En otras palabras: no alcanza con conservar fachadas si se erosiona la vida que les da sentido.
En Argentina, la Quebrada de Humahuaca, inscripta por UNESCO en 2003 como paisaje cultural y corredor histórico de Jujuy, es el caso clave para este debate porque no es una postal vacía, sino un territorio habitado por pueblos, comunidades indígenas, memorias, economías y prácticas culturales atravesadas por conflictos de tierra, ambiente y desarrollo. Por eso, la pregunta no es solo cómo atraer visitantes, sino cómo impedir que el reconocimiento convierta el territorio en producto antes de asegurar vivienda, agua, servicios, participación y capacidad real de gestión.
Purmamarca resume la paradoja: su imagen turística se volvió global, pero el pueblo es más que una postal. Según Mancini y Tommei, tras la declaratoria UNESCO creció exponencialmente la infraestructura turística, cambiaron la población estable y se redujo la superficie destinada a vivienda particular. Así, el suelo empezó a valer más por su renta turística que por su función residencial, la casa se volvió más rentable para visitantes que para residentes, el comercio cotidiano cedió ante el consumo externo y quedarse en el lugar exige cada vez más resistencia económica y cultural.
Tilcara, Humahuaca y otros pueblos de la Quebrada muestran el mismo proceso: el turismo genera ingresos, empleo y oportunidades, pero sin regulación sus beneficios se distribuyen de forma desigual y sus costos recaen sobre quienes menos pueden negociar. Desde la inscripción UNESCO de 2003, la patrimonialización y la turistificación se intensificaron y derivaron en conflictos territoriales: tierra, vivienda, infraestructura, residuos, agua, derechos indígenas, patrimonio arqueológico, fiestas populares, usos del paisaje y gobernanza.
El Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial en 2014 como red vial andina transnacional, no replica los casos de Vlkolínec o Purmamarca porque no es un pueblo que pide salir de la lista, sino una red patrimonial extensa. Aun así, advierte que la validación internacional no reemplaza la legitimidad local: una declaratoria técnicamente correcta puede percibirse como amenaza si las comunidades no fueron consultadas o temen mayor exposición territorial, turística, extractiva o administrativa sin garantías claras. El patrimonio no vive en expedientes, sino en territorios concretos.
Volviendo a Argentina, Payunia, en Provincia de Mendoza, permite anticipar el problema: no es Patrimonio Mundial UNESCO, sino candidata en la Lista Tentativa argentina desde 2011 como área volcánica del sur mendocino enmarcada por los Andes. Por eso, aún puede discutirse antes de que la fama supere a la gestión. A diferencia de la Quebrada, el riesgo principal no es la pérdida de vivienda por turistificación, sino la fragilidad ambiental: huellas de vehículos, erosión, residuos, perturbación de fauna, circuitos improvisados, operadores sin control y presión sobre un paisaje cuya experiencia turística depende de no degradarse.
La pregunta para Payunia no debería ser solamente “¿merece ser reconocida?”. Probablemente su excepcionalidad geológica y paisajística justifique una discusión seria sobre su candidatura. La pregunta más importante es otra: ¿están resueltas las condiciones para que ese reconocimiento no acelere el deterioro que busca evitar? Antes de usar la candidatura como herramienta promocional, deberían estar claros los cupos, los sistemas de monitoreo, la fiscalización de operadores, la habilitación de guías, el control de vehículos, la gestión de residuos, el financiamiento para conservación, la participación local, las sanciones efectivas y los límites de uso. Primero la capacidad de cuidado; después la vidriera.
La Payunia
El turismo argentino necesita discutir esto con menos ansiedad promocional y más madurez política. Durante años se instaló una idea cómoda políticamente: aparecer en un ranking, recibir una placa, ingresar a una lista o ser declarado “imperdible” era casi automáticamente una buena noticia. Pero los territorios no son campañas. Un destino puede fracasar por no recibir visitantes, sí, pero también puede fracasar por recibir demasiados, demasiado rápido y sin reglas. Puede fracasar cuando el residente deja de reconocerse en su propio pueblo. Cuando la cultura empieza a actuarse para otros. Cuando el paisaje se usa hasta gastarse. Cuando los comercios cotidianos desaparecen. Cuando los costos son públicos y las ganancias privadas. Cuando el reconocimiento trae más demanda que capacidad institucional.
La palabra “poner en valor” merece ser revisada… “Valor” ¿para quién?. Valor para el visitante, para el inversor, para el municipio, para el operador, para la prensa, para la provincia. Pero también —y sobre todo— valor para quien vive allí. Si el valor turístico crece mientras baja la calidad de vida local, no estamos ante desarrollo sino ante extracción simbólica y territorial. Si la conservación protege fachadas pero debilita comunidades, no protege lo esencial. Si la promoción multiplica visitantes sin resolver agua, cloacas, residuos, vivienda, guardaparques, inspectores y ordenanzas, no hay política turística: hay marketing sobre territorios frágiles.
El caso de Vlkolínec nos advierte, fuertemente, como un pueblo reconocido por estar vivo puede terminar pidiendo que le quiten el sello que lo volvió visible. Ogimachi nos muestra una respuesta más gestionada: admitir que el sitio no es un parque temático y ordenar la visita alrededor de la vida residencial. La Quebrada de Humahuaca demuestra que en Argentina la patrimonialización puede intensificar procesos de turistificación y conflicto territorial. El Qhapaq Ñan recuerda que la consulta y la legitimidad comunitaria no son trámites accesorios. Y, Payunia abre una oportunidad: discutir antes, no lamentar después.
El debate argentino no debería plantearse como una oposición simple entre patrimonio y desarrollo, ni entre turistas y residentes. La cuestión es quién decide el modelo de destino, quién captura los beneficios, quién soporta los costos y qué límites se aceptan para que el lugar no pierda aquello que lo hizo valioso. Los reconocimientos pueden ayudar a conservar, atraer recursos, fortalecer orgullo local y abrir cooperación internacional. Pero no deben tratarse como finales felices. En turismo, un premio no debería cerrar una campaña: debería inaugurar una obligación más exigente.
El presente debate no se centra en el “reconocimiento”, sino en si éste puede sobrevivir sin perder suelo, agua, silencio, vivienda, paisaje, comunidad o autonomía. Porque cuando la fama llega antes que la gobernanza, el premio no protege. Expone. Y a veces castiga.
