Glenn Fogel, máximo ejecutivo de Booking Holdings, puso sobre la mesa una discusión incómoda: España no tiene que decidir si quiere turismo o no. Tiene que decidir cuánto turismo puede soportar, quién paga sus costes y qué herramientas está dispuesta a usar para gestionarlo.
España lleva años celebrando récords turísticos como si todos los récords fueran buenas noticias. Más visitantes, más gasto, más pernoctaciones, más ocupación, más vuelos, más cruceros. El turismo es uno de los grandes motores de la economía española: según el INE, en 2024 generó 200.699 millones de euros, el equivalente al 12,6% del PIB, y sostuvo más de 2,7 millones de empleos, el 12,3% del total. En 2025, Exceltur estimó que el sector alcanzó los 218.459 millones de euros, alrededor del 13% del PIB.
Pero el problema de España ya no es atraer turistas. Es gestionar lo que pasa cuando demasiados turistas quieren estar en los mismos lugares, al mismo tiempo y usando una infraestructura urbana que no fue pensada para esa presión.
Eso es, precisamente, lo que acaba de plantear Glenn Fogel, CEO de Booking Holdings, en una entrevista con El Mundo. Según recogieron medios especializados, Fogel advirtió que España debe decidir “ya” qué quiere hacer con el exceso de turismo, porque la demanda global de viajes seguirá aumentando y los destinos saturados no podrán seguir respondiendo solo con más promoción y más camas.
La frase es incómoda porque no viene de un activista antiturismo. Viene del CEO de una de las mayores plataformas de viajes del mundo.
Y por eso importa.
Fogel no está diciendo que España deba renunciar al turismo. Está diciendo algo más difícil: que debe ponerle reglas.
Durante años, buena parte del debate público español trató el turismo como un bien incuestionable. Si llegaban más visitantes, era una victoria. Si subía el gasto, era una victoria. Si una ciudad rompía su récord histórico de pernoctaciones, era una victoria.
Pero esa contabilidad deja fuera una pregunta básica: ¿quién paga los costes que no aparecen en la factura del hotel?
Porque el precio de una noche en Barcelona, Málaga, Palma o Madrid no incluye necesariamente el encarecimiento de la vivienda, la expulsión de vecinos, la saturación del transporte público, el ruido nocturno, la pérdida de comercio cotidiano, el estrés sobre los servicios urbanos o la transformación de barrios enteros en escenarios de consumo temporal.
Dicho de otra forma: cuando el mercado turístico no incorpora esas externalidades, alguien las paga. Y muchas veces no es el turista. Es el residente.
Ahí está el centro del debate.
España no está ante un dilema entre turismo sí o turismo no. Está ante una decisión de modelo. Puede seguir midiendo el éxito por volumen, o puede empezar a medirlo por valor, capacidad de carga y calidad de vida.
Fogel citó ejemplos internacionales que van en esa dirección. Botswana, por ejemplo, lleva años asociado a una estrategia de turismo de alto valor y bajo volumen en sus áreas de safari: menos visitantes, más gasto por persona y menor presión sobre ecosistemas frágiles. El Everest ofrece otro caso extremo: Nepal elevó el permiso de escalada a 15.000 dólares desde septiembre de 2025, una muestra de que subir precios puede aumentar ingresos, aunque no siempre reduzca la demanda cuando el producto es aspiracional.
También aparecen soluciones como los sorteos o permisos limitados. Fogel ya había defendido públicamente la idea de usar sistemas de lotería para destinos donde la demanda supera claramente la capacidad de absorción. The Independent recogió en 2025 esa propuesta para abordar el sobreturismo en lugares especialmente saturados.
El punto es simple: cuando todo el mundo quiere ir al mismo sitio, en la misma semana y a la misma hora, no alcanza con confiar en que el mercado se autorregule.
Hay que elegir.
Venecia eligió cobrar una tasa de acceso a visitantes de un día en determinadas fechas. Ámsterdam lleva años limitando hoteles, restringiendo alquileres turísticos y tratando de desalentar el turismo de fiesta. Barcelona anunció que no renovará miles de licencias de apartamentos turísticos cuando expiren en 2028. Machu Picchu funciona con cupos, horarios y circuitos. Yosemite exige reservas en periodos de alta demanda. Galápagos cobra una tasa de entrada elevada para financiar conservación. Santorini limita el número diario de cruceristas. Dubrovnik ha aplicado restricciones para reducir la presión de cruceros sobre su casco histórico.
No todas las medidas funcionan igual. Algunas recaudan más de lo que reducen. Otras desplazan el problema a destinos cercanos. Algunas encarecen el acceso y abren un debate incómodo sobre elitización. Pero todas parten de una idea que España todavía evita asumir de forma estructural: el turismo masivo no se resuelve con más marketing, sino con gestión de capacidad.
La vivienda es el frente más sensible.
En ciudades tensionadas, el alquiler turístico compite con el residencial. No es el único factor que explica la crisis de vivienda, pero sí puede agravarla en zonas concretas. Cuando un propietario obtiene más rentabilidad alquilando por noches que por años, el incentivo económico empuja el parque residencial hacia el uso turístico. Y cuando eso ocurre en barrios con alta demanda, el vecino pierde capacidad de competir.
Por eso las medidas más relevantes no son solo las tasas turísticas. Son las reglas sobre el uso del suelo y la vivienda: cupos por barrio, licencias limitadas, inspecciones reales, sanciones a plataformas que publiquen alojamientos ilegales, moratorias hoteleras en zonas saturadas y protección del alquiler residencial.
El otro frente son los cruceros.
En ciudades como Palma, Barcelona, Venecia, Dubrovnik o Santorini, el crucerista representa uno de los grandes símbolos del turismo de baja permanencia y alta presión: llega en masa, concentra su visita en pocas horas, consume el espacio público de forma intensiva y deja un gasto local discutido frente al impacto que genera. Por eso varios destinos están empezando a limitar atraques simultáneos, repartir llegadas por franjas horarias o imponer tasas específicas.
La tercera herramienta es el precio.
Si un destino está desbordado, cobrar más puede ser una forma de reducir demanda o, al menos, financiar los costes que esa demanda genera. Pero el precio por sí solo tiene un problema político: convierte el acceso al patrimonio, la naturaleza o la ciudad en un privilegio para quien puede pagarlo. Por eso algunos destinos combinan tarifas con sorteos, cupos para residentes, descuentos para determinados grupos o reservas anticipadas.
La cuarta herramienta es dejar de vender todos los destinos todo el año.
España lleva décadas promocionando sol, playa, escapadas urbanas y grandes iconos culturales. El resultado es que demasiada demanda se concentra en los mismos puntos: Baleares, Barcelona, Málaga, Canarias, Madrid, Sevilla, Valencia. La alternativa no es simplemente “mandar turistas al interior”, porque eso puede trasladar el problema. La alternativa es desarrollar destinos con infraestructura, límites, transporte, vivienda protegida y planificación previa.
El turismo de interior puede ser una solución solo si no replica el mismo modelo extractivo en ciudades más pequeñas.
La pregunta que Fogel pone sobre la mesa es incómoda porque obliga a los gobiernos a abandonar una métrica fácil: el récord.
Durante años, los responsables públicos han presumido de récords de visitantes como si fueran un KPI incuestionable. Pero una ciudad no es una empresa de captación de tráfico. Una ciudad tiene vecinos, escuelas, centros de salud, transporte público, alquileres, comercios de proximidad y derecho al descanso.
Un destino puede crecer y, al mismo tiempo, empeorar para quienes viven en él.
Ese es el punto que España ya no puede esquivar.
El turismo seguirá siendo una industria estratégica. Seguirá generando empleo, inversión, ingresos fiscales y actividad para miles de empresas. Pero el crecimiento infinito en territorios finitos no existe. Y cuando una ciudad llega a su límite, seguir empujando la demanda no es una política económica: es una transferencia silenciosa de costes hacia los residentes.
La solución no pasa por demonizar al turista. Tampoco por culpar a una plataforma, a una aerolínea o a un hotel. Pasa por aceptar que el turismo es una industria y, como toda industria, necesita regulación, límites, fiscalidad, planificación e indicadores de impacto.
España tiene muchas herramientas disponibles: tasas turísticas finalistas, límites a pisos turísticos, cupos por zonas, reservas obligatorias, restricciones a cruceros, precios dinámicos, moratorias hoteleras, sanciones a alojamientos ilegales, redistribución territorial, protección del comercio local y medición de capacidad de carga.
Lo que no tiene, todavía, es una decisión política clara.
Y ese es el verdadero mensaje detrás de la frase del CEO de Booking.
España no tiene que elegir entre vivir del turismo o vivir contra el turismo. Tiene que elegir si quiere un modelo que maximice visitantes o uno que maximice valor sin romper las ciudades que hacen posible ese negocio.
Porque el turismo puede ser una bendición económica. Pero sin límites, también puede convertirse en una forma muy rentable de deteriorar aquello que los turistas vinieron a ver.
