La nueva lotería para extender las visas working holiday busca controlar la migración. Pero exigir meses de trabajo regional sin garantizar la posibilidad de permanecer en el país convierte un programa de intercambio en una apuesta desigual.
Australia tiene derecho a decidir cuántas personas ingresan, trabajan y permanecen en su territorio. También tiene razones legítimas para revisar su política migratoria: presión sobre la vivienda, crecimiento de la población temporal, demoras administrativas, abusos del sistema y dificultades para controlar la cantidad de personas que se quedan después de su primera visa.
El problema no es que el Gobierno quiera fijar un límite.
El problema es el orden en que pretende hacerlo.
Según el esquema anunciado por el ministro del Interior Tony Burke, los jóvenes que quieran solicitar un segundo año de working holiday deberán completar primero 88 días de trabajo en determinadas regiones e industrias. Para aspirar al tercer año tendrán que trabajar seis meses. Recién después de cumplir esa condición podrán participar de un sorteo.
Es decir: Australia les pide que trabajen antes de decirles si existe un lugar para ellos.
De un derecho condicionado a una posibilidad aleatoria
Hasta ahora, completar el trabajo regional funcionaba como una contraprestación bastante fácil de entender. El viajero aportaba mano de obra allí donde Australia decía necesitarla y, si cumplía los requisitos, obtenía la posibilidad de quedarse otro año.
El nuevo sistema rompe esa relación.
El Gobierno limitará el segundo año a 45.000 plazas, frente a unas 57.000 personas que calificaron el año anterior. El recorte más drástico llegará con el tercer año: habrá solo 5.000 lugares, cuando en 2025 unas 31.000 personas cumplieron las condiciones. Los requisitos laborales se mantienen, pero la recompensa deja de estar asegurada. El propio Gobierno detalló estas cifras al presentar la reforma.
La diferencia parece administrativa, pero modifica por completo el contrato psicológico del programa.
Una cosa es decir: “Australia dispone de 5.000 visas; quienes quieran venir pueden anotarse en un sorteo”.
Otra muy distinta es decir: “Trabajá seis meses donde nosotros necesitamos personal y después veremos si tenés suerte”.
Canadá también sortea visas, pero antes del viaje
Los sorteos no son una rareza dentro de los programas internacionales de movilidad juvenil. Canadá utiliza un sistema de cupos e invitaciones para International Experience Canada. Los candidatos crean un perfil, ingresan en un pool y pueden ser elegidos aleatoriamente para solicitar el permiso.
La incertidumbre existe, pero aparece antes de que la persona reorganice su vida, viaje al país y realice meses de trabajo condicionado. El candidato sabe desde el principio que compite por una plaza y que puede terminar la temporada sin recibir una invitación. Canadá publica los cupos, la cantidad de postulantes y las probabilidades de selección.
Reino Unido también emplea sorteos para algunas nacionalidades dentro de su Youth Mobility Scheme. En 2026, por ejemplo, ciudadanos de Hong Kong y Taiwán debieron participar de un ballot antes de presentar la solicitud. Nuevamente, el azar ocurre en la puerta de entrada, no después de trabajar para obtener una extensión. El procedimiento y los cupos se informan previamente.
Nueva Zelanda ofrece otro contraste. Algunos de sus acuerdos de working holiday tienen cupos anuales que se completan por orden de solicitud. Pero una persona que ya está en el país y acredita tres meses de trabajo en horticultura o viticultura puede solicitar una extensión de tres meses. Si cumple las condiciones, la extensión no depende de una lotería posterior. Así funciona la Working Holiday Extension neozelandesa.
Australia, por lo tanto, no está siendo cuestionada por aplicar un cupo. Lo discutible es colocar ese cupo después del esfuerzo que supuestamente sirve para obtener la visa.
El backpacker no es solamente un trabajador barato
La discusión migratoria suele presentar a los titulares de working holiday como personas que compiten por vivienda y permanecen demasiado tiempo en el país. La industria turística los describe desde el extremo contrario: trabajadores indispensables para hoteles, restaurantes, excursiones, agricultura y servicios regionales.
Ambas miradas son incompletas.
Un backpacker es al mismo tiempo trabajador, turista y consumidor. Trabaja para financiar un viaje más largo, y una parte importante de lo que gana vuelve a la economía local en alojamiento, transporte, gastronomía y actividades.
Tourism Research Australia calculó, usando datos previos a la pandemia, que estos viajeros permanecían en el país una media de 149 noches, frente a 27 noches entre los visitantes internacionales en general. También encontró que el 62% viajaba por zonas regionales y que más de un tercio de sus empleos estaba fuera de las grandes capitales. En 2019 gastaron unos 2.600 millones de dólares australianos. Aunque esas cifras necesitan una actualización, el patrón sigue siendo reconocido por la propia promoción oficial: los working holiday makers permanecen más tiempo, gastan más y se dispersan más que otros segmentos. Tourism Australia los define actualmente como un público estratégico.
Ahora las organizaciones turísticas advierten que la reforma podría poner en riesgo más de 20.000 puestos de trabajo y unos 3.000 millones de dólares australianos de gasto anual. Es una estimación de la industria, no una proyección independiente, pero revela la escala de la preocupación. ABC Australia recogió esas advertencias.
El dato más importante no es solamente cuánto gastan. Es dónde lo hacen.
Los visitantes convencionales tienden a concentrarse en Sídney, Melbourne, Brisbane, la costa y los grandes íconos. El trabajo regional empuja a los jóvenes hacia localidades que difícilmente visitarían durante unas vacaciones tradicionales. Allí alquilan habitaciones, compran alimentos, utilizan transporte y sostienen actividades que tienen problemas crónicos para conseguir personal.
Australia diseñó el requisito precisamente para producir esa dispersión. Ahora corre el riesgo de destruir su incentivo.
¿Quién trabajará seis meses por una posibilidad entre seis?
Para el tercer año habrá 5.000 visas frente a 31.000 personas que calificaron en el período anterior. Si la demanda se mantuviera, solo una de cada seis obtendría una plaza.
Es razonable preguntarse cuántos jóvenes estarán dispuestos a realizar seis meses de trabajo regional bajo esas condiciones. Especialmente cuando podrían elegir Canadá, Nueva Zelanda, Japón o Europa desde el inicio.
La medida también complica a los empleadores. Un hotel o un operador regional no sabrá si el trabajador al que está formando podrá permanecer durante la siguiente temporada. La visa siempre fue temporal, pero existía una ruta relativamente previsible para encadenar el segundo y el tercer año. El sorteo transforma esa planificación en especulación.
La paradoja es evidente: el Gobierno dice mantener el trabajo regional para apoyar a esas regiones, pero reduce la certeza que llevaba trabajadores hasta ellas.
Una incertidumbre que puede aumentar la explotación
Hay un problema todavía más incómodo.
Australia sabe desde hace años que vincular una visa con la certificación de determinados días de trabajo crea una relación de poder peligrosa. Una investigación del Fair Work Ombudsman sobre la visa 417 documentó casos de salarios impagos, cobros ilegales, condiciones inseguras, acoso sexual y empleadores que ofrecían validar los 88 días a cambio de trabajo gratuito.
La investigación concluyó que la necesidad de conseguir una segunda visa aumentaba la dependencia del trabajador respecto del empleador. Otra inspección sobre la llamada Harvest Trail encontró incumplimientos generalizados y recuperó más de un millón de dólares australianos en salarios adeudados a 2.500 trabajadores. Los hallazgos están publicados por el organismo laboral australiano.
Esos informes no prueban que todos los trabajos regionales sean abusivos. Muchos viajeros tienen experiencias positivas y numerosos empleadores cumplen correctamente con la ley. Pero sí demuestran que el requisito migratorio puede ser utilizado como herramienta de presión.
Agregar una lotería no elimina esa vulnerabilidad. Puede profundizarla.
El trabajador seguirá necesitando completar y documentar sus meses de actividad. La diferencia es que ahora lo hará sin saber si ese esfuerzo servirá para algo. Si además el procesamiento puede demorar hasta tres meses, la incertidumbre se extenderá sobre vivienda, empleo y planes de viaje.
Australia debería preguntarse si está creando un mecanismo de control migratorio o una fuerza laboral que carga individualmente con todo el riesgo.
Dos working holidays diferentes según el pasaporte
La reforma también deja expuesta otra contradicción.
Desde julio de 2024, los ciudadanos británicos pueden obtener hasta tres visas working holiday sin completar trabajo regional. Es una ventaja acordada mediante el tratado de libre comercio entre Australia y Reino Unido. La exención figura expresamente en las reglas oficiales.
Mientras un británico puede permanecer tres años sin recoger fruta, trabajar en hotelería remota o trasladarse a una zona determinada, otros jóvenes deberán completar tres o seis meses de trabajo y luego participar de una lotería.
La diferencia puede explicarse jurídicamente por un acuerdo comercial. Resulta mucho más difícil explicarla desde el objetivo declarado de apoyar a las economías regionales.
Si el trabajo es realmente imprescindible para distribuir viajeros y cubrir vacantes, ¿por qué el principal mercado de working holidays está exento? Y si no es imprescindible, ¿por qué se mantiene como condición para el resto?
El resultado es un programa de dos velocidades: movilidad relativamente libre para algunos pasaportes y trabajo condicionado con resultado aleatorio para otros.
Controlar la migración no exige diseñar una mala promesa
El Gobierno australiano quiere reducir la migración neta a 245.000 personas durante el actual ejercicio y a 225.000 hacia 2027-2028. El objetivo es legítimo y los working holiday no pueden quedar fuera de cualquier revisión simplemente porque sean simpáticos para la imagen turística del país. La reforma forma parte de un paquete migratorio mucho más amplio.
Pero existen alternativas más transparentes.
Australia podría sortear las extensiones antes de que comience el período de trabajo. Podría asignar plazas mediante un sistema de puntaje que considere regiones, ocupaciones y antecedentes. Podría otorgar permisos provisionales a quienes acepten contratos verificados en zonas con escasez real. También podría mantener una extensión garantizada para quienes ya iniciaron el trabajo bajo las reglas anteriores y aplicar los cupos únicamente a futuros participantes.
Cualquiera de esas opciones permitiría controlar cantidades sin pedir meses de trabajo a cambio de una posibilidad incierta.
La working holiday fue creada como un programa de intercambio cultural en el que el empleo debía financiar el viaje. Con el tiempo, Australia la convirtió también en una herramienta para cubrir faltantes de personal. No hay nada necesariamente malo en reconocer esa realidad.
Lo que no parece justo es conservar la obligación laboral cuando deja de existir una contraprestación previsible.
Australia puede decidir que necesita menos backpackers. Lo que no debería hacer es pedirles que cosechen, sirvan mesas o mantengan abiertos hoteles regionales para después decirles que su futuro dependerá de una bolilla.
