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El negocio detrás de los médanos: por qué nadie logra sacar los vehículos de las playas

la frontera

Cada verano, la escena vuelve a repetirse. Camionetas que avanzan sobre la arena, cuatriciclos que atraviesan médanos, vehículos UTV que realizan maniobras a velocidades peligrosas y familias que comparten espacios donde el límite entre el entretenimiento y el riesgo parece depender demasiado de la conducta individual.

Después llegan los accidentes, las imágenes que conmocionan a la opinión pública, los anuncios de controles más severos y las promesas de que esta vez las cosas van a cambiar.

Pero pasa el verano, se apaga la discusión y el problema sobrevive hasta la temporada siguiente.

La provincia de Buenos Aires volvió a poner el tema sobre la mesa. Un proyecto impulsado por los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi propone prohibir la circulación de vehículos motorizados en playas y médanos, con excepciones para emergencias, seguridad y servicios esenciales.

La iniciativa, presentada originalmente en enero de 2026, volvió a ganar protagonismo en noviembre y se encuentra en discusión parlamentaria junto con otra propuesta del senador Mario Ishii, que plantea un régimen de regulación y control. Por ahora, no existe una prohibición provincial general aprobada.

La pregunta, sin embargo, no es únicamente si una nueva ley puede resolver el problema.

La pregunta es por qué, con normas que llevan años vigentes, todavía no se consiguió garantizar algo tan elemental como que las actividades motorizadas no pongan en riesgo a otras personas ni deterioren ambientes naturales.

Y para entenderlo hay que hablar de algo que suele quedar fuera de las discusiones sobre seguridad vial: el negocio turístico que se construyó alrededor de los vehículos sobre la arena.

cuatriciclos la frontera

La Frontera de Pinamar: cuando el paisaje se convierte en un producto

Durante décadas, La Frontera se consolidó como uno de los símbolos de un tipo particular de turismo: el de las camionetas 4x4, los cuatriciclos, los UTV y las experiencias todoterreno.

Para una parte de sus visitantes, manejar sobre los médanos forma parte central de las vacaciones. No es una actividad secundaria: es uno de los motivos para elegir el destino.

Alrededor de ese público se desarrolla una economía que incluye alojamiento, gastronomía, combustible, talleres, equipamiento y servicios asociados al mundo del motor.

El vínculo económico no es una especulación. Al analizar las restricciones previstas para la próxima temporada, distintos medios locales advirtieron sobre el temor a que los visitantes trasladen sus consumos hacia otros destinos, como Miramar, Necochea o Villa Gesell.

Ese es uno de los dilemas que enfrenta Pinamar: restringir una actividad que genera riesgos, pero que también moviliza un segmento del mercado turístico con capacidad de gasto.

Ahora bien, que una actividad produzca ingresos no significa que deba poder desarrollarse en cualquier lugar ni bajo cualquier condición.

Un destino turístico no puede convertir la seguridad pública en una variable dependiente del consumo de sus visitantes.

Las automotrices y la playa como vidriera comercial

Hay otro actor importante para comprender el contexto: la industria automotriz.

Cariló y Pinamar se convirtieron en escenarios tradicionales de las campañas estivales de grandes fabricantes. Las marcas instalan espacios de exhibición, presentan vehículos, organizan actividades promocionales y aprovechan la concentración de turistas con alto poder adquisitivo.

No es casualidad que las camionetas y los SUV ocupen un lugar destacado en estas acciones.

En enero las marcas automotrices más destacadas del mercado desarrollan actividades en destinos de la Costa Atlántica. Durante la temporada 2025, Ford también ofreció pruebas de manejo todoterreno y clínicas de conducción en la zona de Pinamar Norte.

Ford

La arena no funciona solamente como un paisaje: también puede convertirse en un argumento de venta.

Las experiencias off-road permiten mostrar prestaciones, construir aspiraciones y asociar determinados vehículos con ideas de aventura, libertad y exclusividad.

Nada de eso es necesariamente ilegítimo. Las pruebas de manejo organizadas, realizadas en circuitos habilitados y con protocolos de seguridad, no son equivalentes a las picadas clandestinas o a la circulación indiscriminada.

Pero existe una contradicción que merece discutirse: mientras las campañas comerciales ayudan a consolidar la imagen de los destinos como territorios de aventura motorizada, las autoridades enfrentan dificultades para limitar los usos peligrosos de esos mismos espacios.

Sería incorrecto afirmar, sin pruebas, que las automotrices presionan para impedir una prohibición provincial. No encontramos evidencia documental suficiente para sostener esa acusación.

Lo que sí está acreditado es que existe un interés comercial concreto en asociar el mundo del motor con estos destinos.

Y ese interés debería formar parte de cualquier discusión seria sobre su futuro turístico.

Pinamar: diez años de normas y un problema que persiste

La historia de Pinamar demuestra que la ausencia de legislación no explica, por sí sola, lo que ocurre.

La Ordenanza 4794, sancionada en 2016, ya establecía restricciones para la circulación motorizada en playas y otros sectores. Posteriormente, nuevas disposiciones buscaron ordenar el uso de cuatriciclos, UTV y camionetas.

Sin embargo, en enero de 2026, el propio municipio reconoció mediante el Decreto 104 que se verificaba de manera reiterada la circulación indebida de vehículos fuera de las zonas autorizadas, con consecuencias sobre la seguridad de las personas y el ambiente natural.

Es un reconocimiento institucional que merece atención: el problema no era solamente la conducta de algunos turistas, sino la dificultad del Estado para hacer cumplir las reglas existentes.

La gravedad de la situación quedó expuesta con el caso de Bastián Jerez, el niño de ocho años que sufrió heridas gravísimas tras un choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en La Frontera.

cuatriciclos la frontera

El episodio derivó en una intervención judicial. En febrero, una medida cautelar ordenó suspender las pruebas de destreza, carreras, picadas y otras actividades recreativas motorizadas en esa zona hasta garantizar condiciones adecuadas de seguridad y control.

¿Por qué fue necesaria una resolución judicial para imponer límites a prácticas que ya estaban sujetas a restricciones?

La pregunta interpela directamente a la gestión pública.

No alcanza con aprobar ordenanzas, anunciar multas millonarias o desplegar operativos cuando los accidentes ya ocurrieron. La política de seguridad debe poder demostrar resultados sostenidos.

La ecotasa: ¿protección ambiental o una nueva forma de administrar el negocio?

VALORES PUBLICADOS POR EL MUNICIPIO DE PINAMAR · OCTUBRE 2026

Inscripción inicial de UTV, cuatriciclos y motos sin patente

$205.320

Ecotasa de temporada para 4x4 y motos patentadas alcanzadas

$320.812,50

Los importes corresponden a conceptos distintos, no se aplican indiscriminadamente a todos los vehículos y pueden actualizarse. Fuente: Municipalidad de Pinamar.

Municipalidad de Pinamar+1

De cara a la temporada 2026-2027, Pinamar eligió profundizar un modelo de identificación, control y cobro.

El municipio implementó un Registro Municipal para UTV, cuatriciclos y motos sin chapa patente, cuya obligatoriedad comienza el 1 de diciembre. También contempla una ecotasa para determinadas camionetas 4x4 y motos patentadas que ingresen a La Frontera.

Según la información oficial, lo recaudado mediante la tasa ambiental se destinará al mantenimiento, la remediación y el cuidado de los médanos, mientras que los aranceles de registro financiarán el sistema operativo de fiscalización.

La iniciativa puede aportar trazabilidad y recursos para realizar controles, dos herramientas necesarias para cualquier regulación.

Pero plantea una pregunta inevitable: ¿se está cobrando para proteger un ecosistema o se está construyendo un mecanismo económico para sostener una actividad cuyo impacto ambiental todavía no ha sido suficientemente resuelto?

No son necesariamente objetivos incompatibles. Una tasa puede financiar medidas de preservación reales.

Sin embargo, su legitimidad ambiental debería medirse por resultados verificables: cuánto dinero se recauda, dónde se invierte, qué áreas se recuperan y cuánto disminuye el daño.

Sin esa información, existe el riesgo de que la protección ambiental se convierta en un argumento administrativo antes que en una transformación efectiva del territorio.

Cariló: exclusividad, turismo premium y una contradicción ambiental

Cariló ofrece otra dimensión del problema.

Su identidad turística está estrechamente asociada con el paisaje, la tranquilidad, el bosque y una oferta inmobiliaria y hotelera de alta gama. Al mismo tiempo, es uno de los principales escenarios de exhibición de la industria automotriz durante el verano.

La convivencia de ambos modelos resulta llamativa.

Por un lado, el destino comercializa naturaleza, descanso y exclusividad. Por otro, parte de su atractivo comercial está relacionado con vehículos de gran porte, experiencias todoterreno y acciones de marketing vinculadas al mundo del motor.

Esta contradicción no implica que toda campaña automotriz perjudique el ambiente, pero sí obliga a preguntar qué modelo turístico se pretende promover.

¿El paisaje natural es el patrimonio que debe preservarse o una escenografía disponible para cualquier actividad comercial suficientemente rentable?

Los municipios tienen la responsabilidad de definir ese límite, incluso cuando hacerlo pueda incomodar a operadores turísticos o marcas con capacidad de inversión.

Villa Gesell: el automovilismo también es política turística

En Villa Gesell, la discusión adquiere una dimensión adicional.

El Enduro del Verano forma parte de su calendario turístico desde hace décadas. Es una competencia organizada, con un circuito delimitado, que atrae a pilotos, espectadores y visitantes vinculados al motociclismo.

La edición 2026 se promocionó con una convocatoria de más de 1.300 pilotos y 130.000 espectadores, cifras difundidas por la organización y el portal turístico oficial.

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La relevancia económica del evento está documentada en una fuente todavía más significativa: una ordenanza municipal.

En febrero de 2026, el Concejo Deliberante convalidó el contrato del evento con EDV Entertainment S.A. y fundamentó la decisión en su capacidad para incrementar la demanda turística, la ocupación y el movimiento económico durante la segunda quincena de febrero.

Es decir, el propio Estado reconoce que el turismo asociado al deporte motor constituye una herramienta de desarrollo económico.

Esto no convierte al Enduro del Verano en responsable de los accidentes que ocurren fuera de su circuito. Una competencia formalmente organizada no debe confundirse con las actividades clandestinas.

Pero sí demuestra por qué prohibir indiscriminadamente toda actividad motorizada plantea dificultades y resistencias: existe un sector turístico que depende, en parte, de estas experiencias.

Villa Gesell también ha desarrollado controles y restricciones. Su información turística oficial establece prohibiciones para la circulación de vehículos en extensos sectores de playa y limitaciones específicas en la Reserva Natural Faro Querandí.

Además, durante enero de 2026, los controles reforzados en los médanos del norte derivaron en cerca de 50 secuestros de vehículos, según información municipal y policial recogida por LA NACION.

El problema, entonces, no admite una explicación simplista: no todos los vehículos circulan ilegalmente, no todas las actividades tienen el mismo riesgo y no todos los municipios aplican idénticos criterios.

Pero esa diversidad no debería impedir una política provincial de protección ambiental y seguridad con estándares claros.

Los intereses detrás de la arena: lo que sabemos y lo que todavía falta investigar

Cuando una actividad genera ingresos y moviliza sectores comerciales importantes, su regulación inevitablemente se convierte en una decisión política y económica.

En los destinos de la Costa Atlántica convergen las automotrices, los organizadores de eventos, los comerciantes, los operadores turísticos, los propietarios de vehículos y los gobiernos municipales.

Cada sector tiene intereses legítimos, aunque no necesariamente coincidentes.

Los comerciantes pueden preocuparse por la pérdida de visitantes. Las autoridades buscan sostener empleo y actividad económica. Las empresas defienden sus mercados. Los residentes reclaman seguridad y preservación del ambiente.

El problema aparece cuando no existe transparencia suficiente para conocer cómo se equilibran esos intereses y quién termina asumiendo los costos. Las preguntas: qué empresas se benefician directamente de las actividades motorizadas, qué convenios mantienen con los municipios, qué contraprestaciones económicas existen, qué permisos se conceden y qué controles ambientales se exigen.

En Pinamar, incluso la distribución de beneficios a determinados paradores y el nuevo esquema de tasas generaron cuestionamientos públicos desde sectores vinculados al turismo, según informó el medio local Pionero. Esas denuncias merecen un examen documental y la respuesta de los funcionarios y privados señalados, no conclusiones anticipadas.

Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que existe una trama coordinada de corrupción o presión empresarial que impida prohibir los vehículos.

Pero sí hay evidencia de un conjunto de incentivos económicos que ayuda a explicar por qué las autoridades optan, una y otra vez, por intentar regular una actividad antes que eliminarla.

Y esa diferencia es importante: investigar intereses económicos no implica presumir delitos.

El costo ambiental que casi nunca entra en las cuentas

La discusión tampoco debería limitarse a los accidentes.

Los médanos son sistemas naturales que cumplen funciones esenciales en la dinámica costera. Contribuyen a acumular arena, amortiguar los efectos de tormentas y sostener vegetación y fauna adaptadas a ambientes frágiles.

La circulación reiterada de vehículos puede afectar la cobertura vegetal, compactar el sustrato y modificar la estabilidad de las dunas, dependiendo del lugar, la intensidad de uso y las características del ecosistema.

Esos efectos ya aparecen entre los fundamentos ambientales utilizados por los legisladores bonaerenses para impulsar nuevas restricciones.Sin embargo, el impacto ambiental suele quedar relegado frente a las consecuencias inmediatas de los accidentes.

Y hay una dimensión económica que tampoco debería ignorarse: el deterioro del patrimonio natural puede comprometer el atractivo turístico futuro de los mismos destinos que hoy obtienen ingresos de su explotación.

El turismo sostenible no consiste solamente en atraer visitantes y generar facturación. También exige preservar los recursos que justifican la existencia del destino.

¿Prohibir o regular? Una discusión que necesita salir de los extremos

Prohibir completamente la circulación motorizada en todas las playas y médanos podría ofrecer una solución sencilla desde el punto de vista normativo, pero requiere considerar accesos, usos autorizados, competencias deportivas y condiciones particulares de cada municipio.

Del mismo modo, defender una circulación prácticamente libre bajo el argumento de que genera actividad económica resulta difícil de sostener frente a los antecedentes de accidentes y deterioro ambiental.

Existe una alternativa que merece discutirse seriamente: establecer una prohibición general sobre playas de uso recreativo, reservas naturales y ecosistemas sensibles, y evaluar la posibilidad de circuitos específicos para actividades deportivas motorizadas, únicamente donde sean ambientalmente viables y puedan garantizarse controles efectivos.

Pero cualquier excepción debería estar respaldada por evaluaciones ambientales, responsabilidades claramente asignadas, fiscalización independiente y acceso público a la información.

El peso económico de una actividad no puede ser el criterio principal para decidir dónde se permite desarrollarla.

cuatriciclos gesse

La pregunta que debería responder la política

Argentina no necesita esperar otro accidente grave para discutir qué hacer con los vehículos motorizados en sus playas.

Tampoco necesita presentar cada verano como una novedad un problema que lleva años documentado.

Las normas existen, los riesgos son conocidos y los intereses económicos son visibles.

Lo que sigue faltando es demostrar que las decisiones públicas pueden sostenerse más allá de la presión de la temporada turística y que los controles funcionan incluso cuando el tema deja de ocupar los titulares.

La provincia tiene ahora una nueva oportunidad para establecer criterios comunes. Los municipios, por su parte, deberían explicar qué resultados produjeron las regulaciones anteriores y por qué tantas restricciones necesitaron ser reforzadas.

Porque detrás de las camionetas, los cuatriciclos y las experiencias todoterreno existe una discusión mucho más importante sobre el futuro de nuestros destinos.

¿Queremos playas que puedan disfrutar todos o espacios naturales cuyo uso termine condicionado por la capacidad de consumo y por los intereses comerciales que se desarrollan a su alrededor?

La respuesta no debería depender de cuánto dinero deja cada turista, de qué marca patrocina una actividad ni de cuántos visitantes puede perder un municipio.

Debería depender de algo mucho más elemental: la seguridad de las personas, la protección del patrimonio natural y la decisión de construir un turismo que pueda sostenerse en el tiempo.

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