En un giro inesperado y altamente polémico, el gobierno argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, ha confirmado que comenzará a aplicar criterios de Estados Unidos para decidir el ingreso de extranjeros a su territorio. ¿Qué significa esto? Que si una persona no está aprobada por el sistema migratorio norteamericano, tampoco podrá pisar suelo argentino.
Este cambio surge a raíz de un convenio firmado con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., mediante el cual Argentina se integra al programa Global Entry, un sistema que permite a ciertos viajeros internacionales ingresar más rápido a territorio estadounidense. Sin embargo, esta adhesión trae consigo la aceptación de los mismos controles y criterios de seguridad que utiliza EE.UU. en su frontera.
¿Qué implica esto?
- Evaluación previa: Toda persona que solicite este beneficio será evaluada con los mismos filtros que utiliza EE.UU., incluyendo acceso a bases de datos criminales, de inteligencia y de seguridad internacional.
- Intercambio de datos sensibles: La medida incluye la cesión de información biométrica, de antecedentes y de movimientos migratorios entre ambos países.
- Autorización condicionada: Si Estados Unidos rechaza a un solicitante, automáticamente Argentina también lo hará.
Desde diversos sectores políticos, sociales y jurídicos se ha levantado la voz de alerta. Denuncian que el país está cediendo parte de su soberanía y control migratorio a una potencia extranjera, algo sin precedentes. Además, especialistas en derechos humanos advierten sobre los riesgos de vigilancia internacional y discriminación por perfil racial, político o ideológico.
Mientras tanto, el gobierno defiende la medida como una forma de “modernizar los controles y agilizar el tránsito de personas de confianza”, aunque el trasfondo geopolítico del acuerdo genera sospechas.
¿Es este el precio de las relaciones internacionales? ¿Hasta dónde puede un país comprometer su independencia para complacer a una potencia? Las respuestas aún están en disputa.
