Portugal anunció recientemente la prohibición total de nuevas licencias para operar alquileres temporales en plataformas como Airbnb. La medida, que ha sido confirmada por el propio primer ministro Antonio Costa, explicita la prohibición total en todos los núcleos urbanos de una licencia más para operar una vivienda en cualquier plataforma dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos.
Esta nueva regulación, junto con un paquete de diferentes medidas valoradas en una inversión de 900 millones de euros, tiene como objetivo paliar la crisis de la vivienda en el país: las nuevas modificaciones en el mercado de la vivienda contemplarán también incentivar a desalentar la actividad a muchos propietarios facilitadores de este tipo de servicios que ya se encuentran autorizados.
Según ha trascendido, se mantendría la posibilidad de permisos en algunas zonas rurales menos pobladas, aunque no se ha precisado con exactitud cuáles. No obstante, para el común de las propiedades, a partir de ahora, Portugal estudiará cada licencia ya concedida para operar en estas plataformas cada cinco años. También se dará una exoneración fiscal para quienes abandonen Airbnb y vuelvan a alquilar a medio plazo, como era normal antes del negocio turístico.
En paralelo, el país europeo da por concluido el régimen de “Golden Visas” o “visa dorada”, un programa nacional que ofrecía la posibilidad de que ciudadanos no comunitarios pudieran instalarse en el país con una visa habilitante, siempre y cuando concretaran la compra de una propiedad de medio millón de euros, al menos.
El mencionado programa ha atraído inversiones por valor de 6.800 millones de euros desde su lanzamiento en 2012, la mayor parte de las cuales se han destinado al sector inmobiliario. Según los datos estadísticos, el 10 % de las ventas de viviendas actualmente se hacían a extranjeros que así conseguían el derecho a vivir en cualquier país de la Unión Europea.
Todas estas medidas actúan en consonancia con la intención de aumentar la oferta de vivienda para portugueses y residentes: se prevé que el Estado también alterará el uso de terrenos y edificios de servicios o comercio para destinarlos a vivienda y cederá terrenos o edificios a cooperativas y entidades del sector privado para que desarrollen vivienda a costes accesibles. Asimismo, también se habilitará una línea de crédito de 150 millones de euros para municipios para financiar obras para llevar vivienda al mercado.
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