La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México se prepara para debatir un caso que podría redefinir la relación entre turismo, negocio y patrimonio cultural en el país. Se trata de un proyecto impulsado por la ministra María Estela Ríos González que propone revocar el amparo que actualmente permite a Grupo Xcaret utilizar elementos de la cultura maya en sus parques y estrategias publicitarias.
El eje del debate gira en torno a la reforma constitucional aprobada el 30 de septiembre de 2024, que reconoce por primera vez la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas sobre sus expresiones culturales, tradiciones e identidad. Esta modificación establece que ningún elemento cultural puede ser explotado comercialmente sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias.
En términos empresariales, el caso representa un punto crítico para la industria turística, especialmente en destinos donde la identidad cultural es un activo central. Grupo Xcaret, uno de los principales operadores turísticos de México, ha construido gran parte de su propuesta de valor en torno a la recreación y difusión de la cultura maya. Sin embargo, el fallo en discusión pone en cuestión si ese modelo puede sostenerse sin acuerdos formales con las comunidades.
Este conflicto no es aislado. En los últimos años, distintas empresas han enfrentado cuestionamientos por el uso de patrimonio cultural sin autorización. En México, comunidades indígenas de Oaxaca han denunciado a marcas de moda por reproducir diseños textiles tradicionales sin reconocimiento ni compensación. A nivel internacional, firmas globales también han sido señaladas por prácticas similares, lo que ha impulsado un cambio en la percepción del consumidor, cada vez más atento a la ética detrás de los productos y experiencias.
En América Latina, algunos países ya avanzaron en marcos regulatorios para proteger estos derechos. Perú, por ejemplo, cuenta con un sistema de registro de conocimientos colectivos que busca evitar su uso indebido, mientras que Bolivia reconoce constitucionalmente los derechos culturales de los pueblos originarios. No obstante, el desafío sigue siendo la implementación efectiva y la articulación con el sector privado.
Desde la perspectiva del negocio, el posible fallo de la SCJN podría obligar a las empresas a rediseñar sus estrategias. Esto incluye establecer acuerdos de colaboración con comunidades indígenas, compartir beneficios económicos y garantizar una representación auténtica de las culturas. Lejos de ser una limitación, algunos expertos señalan que este enfoque puede fortalecer la sostenibilidad del turismo y mejorar la reputación de las marcas.
Por otro lado, existe preocupación en el sector empresarial sobre el impacto que estas regulaciones podrían tener en la competitividad y en la promoción de destinos turísticos. Sin embargo, la tendencia global apunta hacia modelos más responsables, donde el respeto por las comunidades locales se convierte en un diferencial de valor.
La decisión de la SCJN no solo tendrá implicaciones legales, sino también económicas y culturales. De aprobarse el proyecto, México podría sentar un precedente clave en la región, impulsando una nueva forma de entender el desarrollo turístico: una en la que el crecimiento ec
Sin embargo, el escenario aún presenta matices. Según distintas interpretaciones recogidas en medios especializados, como Revista Puntual, Grupo Xcaret podría continuar utilizando simbología maya en sus operaciones mientras no exista una resolución firme o acuerdos específicos que delimiten el alcance de la nueva normativa. Esta lectura sugiere que el debate no está completamente cerrado y que la aplicación práctica de la reforma constitucional dependerá en gran medida de cómo la SCJN establezca criterios claros sobre qué constituye uso indebido y bajo qué condiciones puede autorizarse.onómico y la protección del patrimonio cultural no sean opuestos, sino complementarios.
