Se trata de un reciente pedido gubernamental que enfrenta a Argentina y Venezuela por el uso del espacio aéreo: Nicolás Maduro, el presidente del país de la costa norte de América del Sur, ha anunciado la prohibición a las aerolíneas de Argentina sobrevolar su espacio aéreo.
La medida, que exige el cierre del espacio aéreo de Venezuela para los aviones argentinos, surge en respuesta a la incautación de una aeronave venezolana-iraní que permaneció retenida en Argentina por una investigación sobre terrorismo.
“Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo, y reitera que ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio”, dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en su cuenta de X.
Sobre el tema, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino), indicó que esta prohibición que supondría un nuevo planteo de ruta para las compañías aéreas afectadas “tiene un costo económico muy elevado para cada uno de los vuelos”.
En efecto, y entendiendo que esto supone “miles de dólares por vuelo”, las autoridades en Argentina no descartan que, de persistir este evento inesperado, las empresas aéreas deberán impactar estos nuevos ajustes en los billetes de avión, algo que sin dudas perjudicará a muchos pasajeros.
El tema parece no tener solución hasta en tanto la aerolínea estatal de Venezuela “sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte”. Sin embargo, para remediar esta situación en un corto plazo, Buenos Aires había informado previamente del inicio de “acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, entre las que analizaba la posibilidad de una denuncia ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El origen del conflicto entre Argentina y Venezuela por la soberanía aérea
En la madrugada del 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa – empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos-, y que había sido retenido en suelo argentino desde junio de 2022, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a una petición de decomiso.
La tripulación que había llegado a Argentina, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión -de fabricación estadounidense- a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
El pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el “acto vil, criminal, indignante” de “descuartizar” la aeronave en Miami (Florida).
